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La externalización de un servicio público desde el punto de vista de cuatro expertos.

La externalización, que en varias ocasiones puede acabar desembocando en los llamados modelos de colaboración público-privada, tiene detractores, pero también defensores. En este último grupo se encuentran Francisco Caamaño, José María Gimeno, Gonzalo Quintero y Pascual Sala, coautores del libro 'Servicios públicos e ideología: el interés general en juego'. Hemos charlado largo y tendido con ellos para conocer su defensa de la externalización de servicios públicos hacia otro tipo de modelos...

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El ingeniero, clave en los planes de renovación tecnológicos sanitarios.

Afrontar el reto de la renovación tecnológica en los hospitales españoles no solo debe ser un objetivo de los gestores sanitarios, sino también, de los ingenieros que integran estos centros. Esta es una de las conclusiones planteadas en la jornada ‘Afrontando el reto de la renovación tecnológica’, organizada por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM). En este evento, los profesionales del sector han puesto en valor el papel del ingeniero para acabar con la obsolescencia sanitaria, así como para impulsar planes estratégicos que introduzcan nuevas tecnologías en el sistema.

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Resoluciones 60/2017 y 76/2017, de 22 de febrero de 2017 y 08 de marzo de 2017, respectivamente, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

En sendas Resoluciones, el TACPCM estima recursos interpuestos en impugnación de exclusiones producidas en el marco del expediente de “Suministro de Medicamentos Antineoplásicos con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario 12 de Octubre” recordando que el contenido obligacional del PPT no puede posibilitar que se excluya del procedimiento a licitadores que no presentan un compromiso que, aunque hilado con dicho contenido obligacional, no se requiere expresamente en Pliegos.".

Resolución 60/2017 LEER MÁS...

Resolución 76/2017 LEER MÁS...

Nota informativa sobre la resolución 21/2017, de 1 de febrero, sobre reclamación formulada en el marco del derecho de acceso a la información; solicitud de acceso a determinados documentos integrantes del expediente de contratación antes de la adjudicación del contrato. .

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno creó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, instaurando así un órgano de control, independiente, cuyas competencias radican en la promoción dela cultura de transparencia en el marco del actuar del Sector Público, así como en la garantía del derecho de acceso a la información pública y en la materialización de la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

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Acuerdo 5/2017, de 19 de enero de 2017, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Modificaciones sustanciales a los pliegos.

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón recuerda y determina en su Resolución que las modificaciones sustanciales de los pliegos no pueden sustentarse por medio de la licitación en curso, de modo que cuando las mismas hayan de producirse han de publicarse los anuncios correspondientes, dando nuevos plazos para la presentación de proposiciones y modificando, correlativamente, las fechas de las aperturas de plicas.

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UN ÚNICO REGISTRO INTEGRADO: MAYOR EFICIENCIA Y ELIMINACIÓN DE DUPLICIDADES, COMO MEDIDA DE FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA.

La creación de un Registro de Grupos de interés para la Administración Pública catalana, sus organismos autónomos, entidades locales y demás entes constitutivos del Sector Público autonómico, era ya una previsión contenida en la Ley 19/2014 de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de la Generalitat de Cataluña.

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Resolución 1030/2016, de 16 de diciembre de 2016, Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Medida de solvencia técnica exigida no proporcionada al objeto y naturaleza del contrato de prestación de servicios.

El TACRC, estima las pretensiones de la recurrente que ha interpuesto recurso contra el pliego de cláusulas administrativas particulares solicitando la adecuación del requisito de solvencia técnica, al objeto de que sea proporcional a la correcta ejecución del contrato de acuerdo con el número de plazas del centro. El PCAP exige como solvencia técnica "Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa debiendo acreditar durante los últimos tres años un mínimo de 250 empleados". La recurrente considera que dicho requisito es desproporcionado para el servicio que se va a prestar, por cuanto “En la actualidad, tal y como consta en el listado de subrogación, se encuentran prestando servicios laborales en el centro un total de 39 personas", declarando el Tribunal no ajustada a derecho la exigencia de solvencia contenida en el cuadro de datos técnicos-administrativos, en relación con los requisitos mínimos de solvencia técnica.

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