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La modificación tiene como objeto ampliar a todo el sector público la tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que precisen las Administraciones para llevar a cabo cualquier medida para hacer frente al COVID-19; establece reglas de garantías en caso de abono a cuenta al contratista y las pautas a seguir para la adquisición de material en el extranjero.
