La Administración pública está obligada a dictar resolución y a notificarla a quienes resulten afectados en sus derechos e intereses. Esta premisa llevada a las actuaciones de los órganos de contratación que conforman el sector público implica que los poderes adjudicadores deben comunicar a los candidatos y licitadores las decisiones que afecten a su condición e interés legítimo en el procedimiento de contratación.