«Los plazos que derivan de los actos administrativos indican el momento en que estos despliegan sus efectos. En este sentido, el conocimiento de las reglas aplicables al cómputo de plazos resulta fundamental para determinar los tiempos que marcan los derechos y obligaciones de los interesados.
La Disposición Adicional 15ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), regula el cómputo de plazos imponiendo la obligación de practicar las notificaciones y comunicaciones derivadas de los procedimientos de contratación a través de medios exclusivamente electrónicos».