“La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) […] interpreta varios artículos de distintas Directivas europeas en las que se regula la contratación pública y, en concreto, a las facultades que tienen los poderes adjudicadores a la hora de definir los criterios de selección y de adjudicación en materia de contratos públicos.”

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