El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, en vigor desde el 1 de junio de los corrientes, refiere al sector privado como partícipe en las líneas de actuación para favorecer la inclusión social. Con este fin, regula la creación de un sello o etiqueta, con incidencia en los procesos de compra pública, que sirva de acreditación para todas aquellas empresas que ofrezcan oportunidades de empleo y formación a los perceptores del ingreso mínimo vital.

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