Publicado: 26 de marzo de 2018

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ha dado, como harto conocido, una nueva regulación al contrato menor, marcando nuevos límites e imponiendo nuevos requisitos formales en favor del principio de transparencia, esto es, regulando la publicidad de estos.La Comunidad Autónoma de Aragón, bajo la competencia para el desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación básica del Estado en materia de contratación pública, ha dictado el Decreto-Ley 1/2018, de 20 de marzo, de medidas urgentes para la agilización, racionalización y transparencia de contratos del sector público de pequeña cuantía.

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Publicado: 19 de marzo de 2018

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 se hace eco de la obligación de incorporar criterios de responsabilidad social corporativa que operen como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución en el marco de los procedimientos de contratación pública.

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Publicado: 12 de marzo de 2018

El Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia ha creado el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Galicia mediante el nombramiento de los tres miembros que formarán parte del mencionado Organismo. Desde que se publique el nombramiento en el Diario Oficial de Galicia, esta Comunidad Autónoma asumirá una competencia que, hasta este momento, ha venido siendo desarrollada por el Estado a través del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

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Publicado: 05 de marzo de 2018

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, reguladora de los Contratos del Sector Público, recoge en el Libro III la regulación de los contratos de los PANAP, citando como principal novedad, entre otras, la supresión de las instrucciones de contratación que solo se mantienen para los poderes no adjudicadores integrantes del sector público. Desde la Dirección del Servicio Jurídico del Estado se emite Propuesta de Informe sobre las cuestiones planteadas por el ICO acerca de cómo determinar la regulación de sus contratos públicos, tanto armonizados.La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, reguladora de los Contratos del Sector Público, recoge en el Libro III la regulación de los contratos de los PANAP, citando como principal novedad, entre otras, la supresión de las instrucciones de contratación que solo se mantienen para los poderes no adjudicadores integrantes del sector público.

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Publicado: 26 de febrero de 2018

El TACP de la Comunidad de Madrid ha dictado un Acuerdo mediante la Resolución Nº 31/2018 en el que estima un recurso planteado con motivo de la exclusión de un licitador en el marco de un procedimiento de licitación pública que recoge en su Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que “solo se admite la presentación de ofertas por medios electrónicos”.

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Publicado: 19 de febrero de 2018

La Comunidad Autónoma de Cantabria publicó, el pasado 5 de febrero, la Orden SAN/2/2018, de 29 de enero, por la que se establecen medidas sobre los pagos a satisfacer mediante anticipos de caja fija imputables al presupuesto de gastos de la Consejería de Sanidad.

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Publicado: 12 de febrero de 2018

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 plasma en nuestro ordenamiento jurídico las aspiraciones y objetivos marcados en la “Estrategia Europa 2020”, en la que la contratación pública se define como instrumento para adoptar medidas y métodos en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo.

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Publicado: 05 de febrero de 2018

En esta Sentencia, corrigiendo un pronunciamiento previo del Tribunal General de la Unión Europea, establece el TJUE que los coeficientes de ponderación de los subcriterios pueden ser determinados por los órganos de contratación con posterioridad a la expiración del plazo de presentación de ofertas cuando se cumplan determinados requisitos.

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Publicado: 29 de enero de 2018

El pago a los proveedores por parte de las Administraciones Públicas requiere de la delimitación de ‘tiempos’ y es que, de no actuarse de ese modo, el mercado pierde ‘agilidad’. Bajo estas premisas se concretan medidas de actuación que advierten que la eficiencia, proporcionalidad y seguridad jurídica deben presidir cualquier actuación de las Administraciones Públicas, incluyendo sus obligaciones de pago.

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