“[la] ACCO propone una serie de medidas que tienen como objetivo restringir el uso de la contratación menor, limitándola a la satisfacción de necesidades urgentes, de menor cuantía y no repetitivas en los tiempos y para que, cuando sea indispensable, se utilice de forma que suponga un sacrificio menor a los principios vertebradores de la contratación pública y principalmente a los principios de la búsqueda de la máxima concurrencia y competencia”.

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