El TACRC concluye que no debe tenerse en cuenta el I.V.A. a la hora de valorar el precio en las ofertas cuando concurren empresas exentas con empresas sujetas a I.V.A., sin perjuicio de que estas últimas hagan constar por separado en su oferta el importe del citado impuesto.

En esta resolución el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se pronuncia sobre el deber que tiene la Administración de justificar adecuadamente sus decisiones y en concreto, la obligación de motivación de la resolución de adjudicación y la resolución de exclusión.

El anteproyecto de reforma de la Ley de Contratos del sector público otorgará valor a la eficiencia de una empresa, y no solo al precio que oferta, a la hora de que la Administración la seleccione como socio tecnológico o stakeholder, tal como ha precisado Sara Castelo, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, durante la jornada Innovación Tecnológica, que ha organizado este martes la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) en la sede de la Fundación Territorial ONCE en la capital.

El próximo 5 de mayo tendrá lugar en el salón de actos de la Delegación Territorial de la ONCE, la jornada formativa sobre los diferentes procesos que se producen en el ámbito de la innovación tecnológica sanitaria. La jornada se organizará en dos mesas de debate, una donde se hablará del largo camino que existe desde el desarrollo tecnológico hasta el paciente y otra donde se debatirá sobre la evolución de proveedor-cliente a socio estratégico.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se pronuncia sobre la justificación de las ofertas temerarias y recuerda que al amparo del artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador para que la justifique. El Tribunal Central también recuerda a los órganos de contratación que tienen la obligación de analizar y, en su caso, refutar de manera razonada la justificación del licitador mediante resolución “reforzada”.

En esta resolución, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León se pronuncia con respecto al derecho que asiste a los licitadores a corregir su oferta. En concreto indica que, siempre que dicha alteración no supongan una modificación de la oferta, podrán ser corregidos o completados los datos relativos a la misma, bien porque requieran una mera aclaración o bien para subsanar errores materiales manifiestos. En este sentido, recuerda el Tribunal el contenido del artículo 84 del RGLCAP: “Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.” Por otra parte el Tribunal recuerda que, con carácter general, este derecho debe circunscribirse a la documentación acreditativa de la capacidad y de la solvencia.