Alguno de los términos más buscados
Publicado: 4 de abril de 2016
ORDEN DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR LA QUE SE ESTABLECE LA FORMA DE COMUNICACIÓN Y DATOS A INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
Los datos que se inscriban en el Registro de Contratos de Extremadura no tendrán otra finalidad que la que se deriva del propio Registro y de la remisión y comunicación de los datos que proceda al Registro Público de Contratos del Sector Público del Estado…
Market Access se ha convertido en un departamento clave en la estrategia de crecimiento de las compañías farmacéuticas. Talengo ha reunido esta mañana a las principales empresas del sector para explicar cómo debe trabajar un equipo de Market Access y qué perfiles profesionales lo pueden llevar al éxito…
Publicado: 28 de marzo de 2016
Resolución VEH/345/2016, de 4 de febrero, por la que se publica la adenda al convenio firmado entre el departamento de economía y finanzas y la sindicatura de cuentas de Cataluña para el envío de información.
El artículo 29 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público determina la obligatoriedad de la remisión de datos de los contratos públicos al Tribunal de Cuentas u órgano autonómico competente cuando éstos superen determinadas cuantías…
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad de Madrid recuerda que la Administración no limita la concurrencia cuando habiendo determinado justificadamente la necesidad de un producto y estando éste presente en el mercado en una pluralidad de productores y abierto también a la producción de otros más que quieran fabricarlo, se exigen ciertos requisitos determinados por las necesidades a satisfacer y que cualquiera puede cumplir adaptando su producción a lo requerido…
Publicado: 21 de marzo de 2016
Tribunal Administrativo de Contratación Pública y Transparencia de la Comunidad de Madrid
Tras la supresión del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de la mano de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid asume la competencia para conocer y resolver las reclamaciones de acceso a la información pública previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como la iniciación, instrucción y propuesta de resolución del procedimiento sancionador previsto en esta última disposición legal, para altos cargos de la Comunidad de Madrid.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad de Madrid recuerda que en los contratos de suministros la cantidad a suministrar es una cantidad estimada y que la cantidad objeto de suministro que figura en el Pliego es la cantidad máxima a la que se obliga el adjudicatario por el precio unitario ofertado, sin que constituya una cantidad cerrada y fija. De esta forma el licitador debe incluir esa cantidad en su oferta pues si incluyese una menor, en caso de demanda por encima de esa cifra, el adjudicatario no estaría obligado a mantener el precio de su oferta con el consiguiente trastorno a la Administración.
Publicado: 14 de marzo de 2016
La indexación es un mecanismo que consiste en vincular la evolución del valor monetario de una variable económica a la de un índice de precios, como pueda ser el IPC. La reciente Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, tiene por objeto el establecimiento de un régimen general basado en el principio de no indexación en el ámbito público.
En este informa se va a exponer una relación de variables y conceptos que, a la postre, nos permitan analizar adecuadamente los extremos que van a resaltarse de los Proyectos de Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas para 2016. En términos introductorios procede señalar las menciones que ahora resultan de interés que se hallan contenidas en la actual Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las mismas se refieren a los siguientes preceptos de la norma...
Publicado: 7 de marzo de 2016
El artículo 12 del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se concedían créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptaban otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, introdujo la posibilidad de que los órganos de contratación exigieran el período medio de pago a proveedores como método de acreditación de la solvencia económica y financiera de los licitadores.
