Con el objetivo de modernizar el sistema de contratación pública y adaptarlo al marco de las exigencias legislativas comunitarias se crea el actual Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Dentro del panorama legislativo marcado por la llamada Estrategia Europa 2020, la contratación pública desempeña un papel CLAVE, y se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior a utilizar para conseguir un crecimiento: Inteligente Sostenible Integrados.

El TARCCYL recuerda que la posibilidad de que los órganos de contratación no divulguen la información facilitada por los empresarios que éstos designen como confidencial se circunscribe a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas y subraya que el artículo 140.1 del TRLCSP, que regula la confidencialidad de la oferta, debe ser interpretado teniendo en cuenta una serie de consideraciones...

El objetivo de este informe es analizar, desde una perspectiva comparada, las modificaciones introducidas por el futuro Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público en relación con el actual Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el ámbito de las exigencias en materia medioambiental, social y laboral que desde la Unión Europea se vienen imponiendo y, en definitiva valorar las acciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa que las empresas pueden iniciar de cara a las futuras licitaciones.

En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados desde la publicación del anuncio del contrato”. Sin embargo, el artículo 159.2 del TRLCSP hay que interpretarlo, siguiendo lo dispuesto en el artículo 3.1 del Código Civil: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. Ello que nos obliga a tener en consideración la declaración del artículo 143: “Los órganos de contratación fijarán los plazos de recepción de las ofertas y solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquéllas, atendida la complejidad del contrato, y respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en esta Ley”. 

Según el Preámbulo de dicha Ley “la INDEXACIÓN es una práctica que permite modificar los valores monetarios de las variables económicas, de acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un período” como es el Índice de Precios al Consumo (IPC). Esta práctica según la Ley 2/2015 no es aconsejable por los siguientes efectos: (...)

Un excesivo formalismo que conduzca a la no admisión de proposiciones por simples defectos formales, fácilmente subsanables, es contrario a los principios que deben regir la contratación pública que exigen que en los procedimientos de adjudicación de los contratos deba tenderse a lograr la mayor concurrencia posible, siempre que los candidatos cumplan los requisitos establecidos.