Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de junio de 2016, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, número 1499/2016. Síntesis.

En la síntesis que va a ser presentada en este informe se analizará la cuestión primaria que aborda la Sentencia del Tribunal Supremo de referencia, así, nos detendremos en la cuestión de la legitimidad que se pone de manifiesto en la misma que, en sede casacional, revoca la Sentencia de instancia que viniera en admitir el recurso contencioso-administrativo interpuesto por FENIN en impugnación de la Orden de 4 de noviembre de 2010 por la que se fijan las tarifas máximas aplicables a la asistencia sanitaria concertada por el Servicio Gallego de Salud y se revisan los precios de los conciertos vigentes.

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Informe sobre el decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de Euskadi.

El Decreto 116/2016 consta de cinco Títulos, en los que se pone de manifiesto la aspiración de alcanzar objetivos como la descentralización en la contratación pública, la flexibilización a la hora de conformar las Mesas de Contratación y demás órganos encargados de valorar las ofertas, y la inclusión de nuevas aspiraciones como el fomento del papel de las PYMEs en el mundo de la contratación pública, o del uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los procedimientos. Completan el texto normativo una extensa regulación de los Registros Oficiales en materia de contratación pública, y un desarrollo legislativo profuso en relación a las atribuciones competenciales de órganos como el Consejo de Gobierno y la Junta Asesora de Contratación Pública de Euskadi, o la previsión de obligaciones en materia de publicidad que se plasman en la Plataforma de Contratación Pública en Euskadi.

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Informe sobre acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición, adopción de tipo y catálogos electrónicos. Análisis de los procedimientos a la luz de la sentencia del TJUE en el asunto C-410/14.

En la contratación pública la búsqueda de un marco de confianza en la ejecución de obras, suministros o prestación de servicios se traslada a un escenario que abarca el dibujado por las instituciones de Derecho de la Unión Europea. En ese contexto es esencial la interpretación que de las normas realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ayudando a fijar criterios unificadores en materias tan importantes como la contratación pública sanitaria y es aquí donde nos vamos a detener, abordando un análisis transversal que nos mostrará como las dicciones interpretativas del TJUE han de ser debidamente analizadas, promoviendo el principio de interpretación conforme, en este caso, en relación a la clarificación de la naturaleza de los procedimientos de racionalización de la contratación pública.

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Nota informativa sobre la actualiación del programa de estabilidad 2016-2019 .

La necesidad de reforzar la supervisión y coordinación de las políticas económicas en un marco como es el comunitario constituye hoy por hoy un hecho indiscutible. Tanto a nivel nacional como a nivel transfronterizo, deben ponerse en marcha mecanismos de prevención que eviten desequilibrios económicos de manera que las medidas adoptadas a nivel interno deben quedar sujetas a las recomendaciones que el Consejo Europeo estime pertinentes en favor de una convergencia sostenida de los resultados económicos.

Partiendo de lo anterior, a continuación fijaremos nuestra atención en cómo se han tratado los temas de contratación pública, control del gasto sanitario y farmacéutico y la sostenibilidad del gasto sanitario en el Programa de Estabilidad de 2016 - 2019 y las dos recomendaciones que sobre contratación pública fija el Consejo de la Unión Europea en su labor legislativa y presupuestaria.

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Actividades de evaluación de la conformidad de la calidad y seguridad de los productos, tanto social, como laboral y medioambiental, en pliegos de contratación pública: el papel de la Entidad Nacional de Acreditación.

Se habla siempre de trasparencia en el ámbito de la contratación pública sin que se sepa muy bien qué instrumentos hay al alcance para hacer realidad esa afirmación. El marco europeo sigue dando directrices encaminadas a dar seguridad en ese escenario: la necesidad de comprobar y acreditar por un órgano de cada estado miembro de la Unión Europea que los productos y servicios en cuestión cumplen con la calidad y la seguridad personal y medioambiental permitidos y, de esta manera, ir perfilando nuevos instrumentos administrativos en el marco de la normativa...

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Análisis de las novedades legislativas de la Directiva 2014/23/UE de 26 de febrero de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la adjudicación de contratos de Concesión.

Con el objetivo de clarificar el régimen legal aplicable a los contratos de concesión, así como de resolver los problemas de inseguridad jurídica que achacan a dicho mercado, el legislador comunitario ha tenido a bien compendiar toda la experiencia acumulada, así como las novedades legislativas aplicables en la materia, en la reciente Directiva 2014/23/UE, directamente aplicable en nuestro país desde el pasado dieciocho de abril.

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Presentación de una muestra del producto para verificar la solvencia técnica del licitador en un expediente de contratación.

¿Resulta admisible que los Pliegos de un contrato exijan la presentación de una muestra del producto a suministrar, para verificar la solvencia técnica de los licitadores y como criterio de adjudicación?.

¿La muestra presentada puede ser posteriormente valorada en la fase de adjudicación?. O por el contrario, ¿debe entenderse que en la fase de adjudicación el licitador deberá presentar otra muestra acompañando a su proposición, distinta de la que presentó como muestra para ser valorada en la acreditación de la solvencia técnica?.

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Multa por mala fé

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid impone una multa de 7.500€ al recurrente al apreciar la concurrencia de mala fe en su impugnación que contiene una interpretación interesada de los pliegos y graves acusaciones que para el licitador supondrían la exclusión del procedimiento e incluso prohibición para contratar.

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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirma la nulidad de un pliego para la contratación del suministro de tiras reactivas por indeterminación del objeto contractual:

 "el adjudicatario viene obligado a la entrega de un número impreciso de lectores, quedando así el objeto del contrato, integrado por lancetas, tiras y medidores, parcialmente determinado, lo que prima facie, no constando el coste de los medidores sea exiguo, ha de repercutir en la valoración coste/beneficio a efectuar por las licitadoras en orden a la preparación de sus ofertas, toda vez que se fija precio unitario que, referido al componente principal del contrato engloba el elemento accesorio quedando este en la más absoluta indefinición.”

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