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Normas para realizar una correcta valoración de las ofertas de los licitadores
La Ley de Contratos del Sector Público dispone que, para la valoración de las proposiciones y determinación de la oferta económicamente más ventajosa, el órgano de contratación podrá: Utilizar un único criterio de adjudicación, que en este caso será necesariamente el de precio mas bajo. Aplicar varios criterios que deberán estar directamente vinculados al objeto del contrato.
Legitimidad para recurrir.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad de Madrid desestima el recurso interpuesto contra una adjudicación por entender que la recurrente carece de legitimidad y ello porque la estimación del recurso beneficiaría, no a la recurrente, sino a la tercera clasificada que no ha recurrido.
Resolución del Servicio Madrileño de Salud por la que se adjudican los contratos derivados del Acuerdo Marco 164/2014, suscrito por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para la selección de suministradores de medicamentos..
La Resolución que se analiza en el presente informe tiene como génesis el Acuerdo Marco suscrito por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, con número de expediente 164/2014, para la selección de suministradores de medicamentos. El referido Acuerdo Marco se seguía por los cauces del Acuerdo Marco celebrado con varios empresario y no constando en él todos los términos de la contratación, por tanto, instituyéndose al efecto la contratación derivada para la adjudicación y formalización de los contratos basados en el Acuerdo Marco.
Funcionamiento de la oficina de Compra Pública Innovadora de Osakidetza.
La Compra Pública Innovadora constituye un mecanismo orientado a potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras para atender las necesidades de las Administraciones Públicas, favoreciendo el desarrollo de nuevos mercados desde el lado de la demanda, a través de la contratación pública. Tomando en cuenta estas consideraciones, el Servicio Vasco de Salud – Osakidetza puso en marcha su Oficina de Compra Pública Innovadora, con el fin de aprovechar al máximo los numerosos beneficios que esta modalidad de contratación brinda tanto a los licitadores como a los órganos de contratación...
En el presente informe vamos a tratar de vislumbrar las implicaciones que tiene la Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de octubre de 2015, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, por la que se anula la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, y determinados sistemas de información en materia de financiación y precios de los medicamentos y productos sanitarios.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad de Madrid anula la cláusula de un protocolo que preveía la ejecución simultanea de un contrato derivado por diversos contratistas por ser contraria al artículo 198 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que establece que "El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta (...)".
Guía para la inclusión de Cláusulas Sociales en los contratos públicos de la Generalitat de Catalunya.
La integración de aspectos sociales en la contratación pública ha sido objeto, en los últimos años, de análisis y de regulación mediante instrumentos diversos, tanto a nivel comunitario, como nacional y autonómico. A estos efectos, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, ha informado favorablemente, una guía que ayude a los órganos de contratación de la Generalitat a efectuar las reflexiones necesarias en el momento de introducir cláusulas sociales en su actividad contractual ordinaria..
El Tribunal declara la nulidad de un pliego que no establece un límite máximo a las bonificaciones en producto. De acuerdo con la configuración de los pliegos un licitador podría entregar un número de unidades gratuitas que llegase a ser incluso superior al de las unidades objeto de adquisición que tampoco han sido definidas al tratarse de un procedimiento de suministro con cantidad estimada.
Mediante Dictamen de 10 de marzo de 2016, el Consejo de Estado ha aprobado el Dictamen que se emite con carácter preceptivo de conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que previene que el Pleno de este Cuerpo Consultivo debe ser consultado en el caso de “anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo (...) del derecho comunitario europeo”.
La emisión del Dictamen comporta la culminación del procedimiento de elaboración de la norma, a falta de su aprobación como proyecto de ley y ulterior remisión a las Cortes Generales para su tramitación. Y como el Gobierno se encuentra en funciones tras la celebración de las últimas elecciones generales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el Gobierno en funciones no puede “presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado”.
